El sector del transporte de Tarija expresó su rechazo a la denominada ley antibloqueos, que contempla sanciones penales para quienes participen en bloqueos de carreteras, y señaló que este tipo de medidas podría afectar el derecho de los sectores sociales a realizar protestas para exigir la atención de sus demandas.
Los dirigentes del transporte sostienen que el bloqueo de caminos constituye una de las medidas de presión utilizadas por diferentes sectores cuando, según su percepción, las autoridades no atienden oportunamente sus pedidos. En ese sentido, consideran que establecer penas de cárcel podría generar mayores conflictos y limitar las posibilidades de movilización.
El sector transportista manifestó que las protestas y medidas de presión deben ser entendidas dentro del contexto de las demandas sociales y económicas que atraviesan distintos sectores del país. Por ello, pidió que antes de establecer sanciones se prioricen el diálogo y los mecanismos de concertación entre las organizaciones y las autoridades.
Los dirigentes también señalaron que el transporte ha recurrido históricamente a movilizaciones y bloqueos para reclamar por problemas relacionados con el combustible, tarifas, condiciones de trabajo y otras demandas que afectan directamente a sus actividades.
Ante el debate sobre la normativa, el sector anunció que permanecerá atento al tratamiento de la propuesta y no descarta asumir una posición conjunta con otras organizaciones si considera que la medida vulnera el derecho a la protesta.
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